19 Mayo

Subirats ¿Nuevas políticas públicas? 

“En el nuevo contexto de la Revolución Digital situamos el debate sobre los posibles efectos que Internet está teniendo y puede llegar a tener en la forma de funcionar de poderes y administraciones públicas" Subirats

¿Se trata simplemente de un nuevo instrumento que agiliza, refuerza y permite hacer mejor las tareas que ya se realizaban? ¿O, más bien, precisamente, el conjunto de los cambios expuestos y que Internet encarna lo que estaría provocando es la ruptura con muchos de los fundamentos en que se basaba la delegación representativa en el campo político o la intermediación administrativa en el campo de la gestión?”

- ¿Ha sido realmente significativo el impacto de Internet en los procesos de intervención política y administrativa?

El problema clave es dilucidar si los cambios tecnológicos generan, o al menos permiten, cambios en la estructura de poder. 

¿Sirve Internet y las TIC para que seamos más autónomos, más capaces de decidir sobre nuestros destinos, sobre las políticas que nos afectan? ¿Sirve todo ello para que se amplíen los recursos de las personas y colectivos que hasta ahora eran más dependientes y que resultaban más vulnerables a los riesgos de exclusión en los procesos decisionales?

Presten atención a los argumentos, no estamos hablando solamente si Internet cambió o no los modelos de gestión, estamos hablando si Internet está cambiando el orden social. Aquí lo que está en juego es....?????

Internet no nos debe hacer cambiar sólo las respuestas, sino también las preguntas. Repensar desde Internet la propia democracia y la concepción de ciudadanía con la que se ha venido operando. ¿Por qué propone repensar estas dimensiones Subirats? ¿Por qué dice que mejorar no es lo mismo que trasnformar?

La perspectiva dominante se sitúa en una lógica técnica, que busca renovar lo que ya se hace, sin voluntad alguna de poner en cuestión la forma de operar de la democracia constitucional y parlamentaria, con sus mecanismos de participación centrados esencialmente en partidos y elecciones. Ej. Política Uruguaya.

Los valores que implícita o explícitamente rigen esos procesos de cambio y de uso de las TIC son los de economía, eficiencia y eficacia. Estos coinciden con nuevos gestores públicos con ganas de implementar en las administraciones públicas sistemas de gestión más próximos a los que se estaban dando en el campo privado, con políticos que buscaban renovadas formas de legitimación en una mejora de la capacidad de prestar servicio de las administraciones y la creciente accesibilidad y potencial transformador de las TIC, y todo ello desde una perspectiva aparentemente técnica, despolitizada o neutral ideológicamente. Ejemplos?

La mayor fuerza o capacidad de influencia de la gente no vendría tanto de su mayor capacidad de implicación o de dejar oír su voz en los procesos, como de su mayor capacidad de informarse, de elegir, de optar, de cambiar de proveedor o de expresar con claridad sus preferencias. Ej. Seguridad informática. 

La red altera la distribución de costes para la acción colectiva y la distribución de recursos entre actores y, en consecuencia, las capacidades de incidencia en las políticas públicas.

La ciudadanía cuenta con más recursos cognitivos (acceso a conocimiento en red), menos costes de organización y movilización (capacidad de identificar intereses comunes, de difundir mensajes, capacidad de comunicación, decisión-liderazgo mediante procesos de inteligencia colectiva y coordinación), así como una menor necesidad o dependencia de recursos monetarios, de acceso a los medios de comunicación de masas y de grandes inversiones de capital para organizarse.

Esto favorece por un lado, lógicas organizativas menos rígidas, centralizadas y jerárquicas de la acción colectiva alterando la organización del claim making, y como muestra el caso de la oposición a la Ley Sinde, ganando capacidad de impacto en la conformación de la agenda pública, y, en consecuencia, de la agenda de los poderes públicos.

Cuentan menos los intereses y su nivel de formalización organizativa, y más la capacidad de establecer momentos relacionales potentes que marquen la agenda e influyan en las instituciones y sus actores.

Estaríamos pues ante una fuerte alteración en lo que sería el mapa de actores y de sus recursos en lo que sería el proceso de las políticas públicas en sus diversas fases.

Partiendo de la hipótesis que los efectos son profundos y significativos en todas y cada una de esas fases, si quisiéramos destacar algunos aspectos. Uno de ellos, quizás de los más significativos, es el que tiene que ver con la definición del problema y la incorporación a la agenda pública (Kingdon, 1984).

En cada país podríamos encontrar momentos y situaciones en los que las dinámicas en la red han generado comportamientos y conductas de las instituciones, partidos y medios de comunicación convencionales, que no serían explicables sin la movilización, difusión y popularización en Internet de contenidos y formatos. EJ en Uruguay?

En el fondo, lo que resulta relevante y que transforma de arriba abajo todo el proceso de formación, elaboración, decisión, implementación y evaluación de políticas públicas, es el surgimiento de nuevos actores, que incorporan estructuras de relaciones inéditas, con recursos usados de manera más directa y ágil, y que acaban siendo capaces de influir de manera directa en ese proceso. Esos nuevos actores actúan de manera distinta a los usuales, hasta el punto que resulta complicado atribuirles la misma característica de actores (al no disponer de estructura organizativa propia, ni mantener permanentemente un proceso de interacción, y estar más basada su acción e la relación que en el interés compartido). Estamos hablando de momentos de agregación colectiva en red, sin interlocutores estables y claramente definidos.

Qué hizo Internet entonces por la sociedad civil?

Un aspecto que nos parece de gran significación política en este contexto, es en qué medida Internet ha reforzado el papel de la sociedad civil (aumentando las oportunidades pero también los niveles y formas de compromiso cívico), al tiempo que la ha fortalecido (al favorecer una mayor capacidad de auto-organización e incrementar su efectividad). Todo ello implica un cambio en el rol de la sociedad civil, pasando de una base más centrada en el opinar/deliberar a una más propicia y encaminada al hacer/implementar. Internet puede favorecer una mayor cooperación social en la resolución de problemas o necesidades comunes, sin que sea tan necesario el contar con intermediaciones institucionales consideradas hasta ahora como imprescindibles. Lo que, de irse confirmando ese proceso, ello conllevaría una menor centralidad institucional en los procesos de policymaking.

Estado VS Mercado: nuevo espacio común. Los ciudadanos como gestores del interés común.

Podría pues irse generando un nuevo esquema de articulación de la esfera de lo común (los temas considerados prioritarios o significativos por el conjunto amplio de la ciudadanía), como respeto al común particular (el específico de cada actor o grupo de actores), y por lo tanto en las formas de agregación de grupos de ciudadanos alrededor de intereses compartidos que contribuyen a la resolución de problemas considerados como comunes. Así, la esfera social reforzaría su papel como espacio de gestión y producción de recursos públicos (es decir, colectivos, comunes) frente al clásico dilema de Estado o mercado. Cambios que, al fin y al cabo, sugieren formas de democracia “implementativa” (mezclando esferas económicas, sociales y políticas), más allá del debate estrictamente centrado en el carácter representativo-participativo de la democracia.

¿Cuáles son las dimensiones de profundidad y cambio que puede generar en la intermediación social Internet?

Lo que está en juego, no es solo el repensar en qué medida Internet pueda afectar a las instituciones políticas y la ciudadanía, sino que la profundidad de los cambios que genera y generará Internet podrían llevar a cuestionarnos la posición, los roles y modalidad de intermediación y de interacción que han venido caracterizando a las instituciones políticas. En ese contexto, las TIC permiten la ampliación del espacio público, entendido no como una esfera propia de las instituciones representativas, sino como un marco de respuesta colectiva a problemas comunes.

En otras palabras, una sociedad civil más activa y autónoma que asume responsabilidades sobre la resolución pública de los problemas comunes. Ello podría conllevar un notable cambio en las tradicionales posiciones jerárquicas del Estado, que pasaría a tener roles más complementarios, de habilitación y de garantía, más que de decisor único y ejecutor privilegiado.

La lógica de la red puede cambiar las lógicas centralizadas y jerárquicas institucionales?

El antropólogo Escobar (Escobar, 2010), “el ciberespacio puede ser visto como la posibilidad…de un espacio de conocimiento, un espacio de inteligencia colectiva,…un espacio significativo para la interacción sujeto-sujeto (individual y colectivamente), para la negociación de visiones y significados. El sistema resultante de inteligencia en red puede tener un gran potencial cultural, social y político”. Esto implica construir capacidad de gobierno colectivo sobre la lógica de inteligencias distribuidas de abajo hacia arriba (ni centralizadas, ni descentralizadas, sino en red) en contraposición a las formas unificadas y jerárquicas (típicas de la estructura institucional-administrativa tradicional), de arriba hacia abajo. EJ: EVA vs ADAN

- Los poderes y administraciones públicas, que han tenido y tienen en la lógica jerárquica y en la distribución competencial sus puntos de identidad esenciales:

1) ¿pueden ser capaces de adaptar su rol en esos nuevos escenarios? 

2) ¿Pueden aplicar una lógica donde la gestión de redes, horizontalidad, interdependencia y renuncia a la visión jerárquica parecen ser claves?

BIENES COMUNES

VIDEOS

Revolución digital, ¿qué cambios trajo?

La revolución digital e Internet están poniendo las bases de otro modelo de producción, distribución y consumo. Las nuevas capacidades tecnológicas pueden permitir una menor dependencia de las estructuras de intermediación fabril.

Hoy existe la posibilidad de construir un sistema distribuido de producción. En la emergente realidad productiva, el tema de la escala no presenta los mismos problemas con los que trató de enfrentarse el sistema fordista. Los “fab-labs”, las impresoras 3-D, experiencias como las de “Open Source Ecology” permiten imaginar sistemas de producción de bienes vinculados a un territorio concreto, que produzca para ese espacio, sin necesidad de stocks o de comercio a gran escala. La descentralización en pequeñas unidades productivas, más flexibles y adaptables, puede generar sistemas locales que aprovechen la fuerza que genera el intercambio de conocimiento a gran escala vía Internet, pero centrados más en las necesidades específicas y próximas de la comunidad implicada que en procesos de comercio a gran escala. Lo cierto es que el gran desarrollo de los espacios comunes de información y de conocimiento, ha abierto la posibilidad de desmercantilizar muchas actividades y de generar nuevos procesos de creación (Aigrain, 2005; Lessig, 2008).

La relación entre esfera digital y bienes comunes surge esencialmente del cambio que implica Internet en las reglas de propiedad y en los mecanismos de apropiación y distribución.

EJEMPLO?

Wikipedia es un ejemplo de “commons”. No es necesario “poseer” la enciclopedia Wikipedia, como sí lo era el disponer de los 16 volúmenes de la Enciclopedia Británica, o comprar el acceso a la enciclopedia digital Encarta de Microsoft. Tampoco hay nadie “propietario” de Wikipedia, ni tan solo existe una plantilla profesional encargada de la redacción de los conceptos.

¿A qué se refiere Subirats cuando dice: compartir no es poseer?

La filosofía del P2P parte de la idea de que compartir no implica poseer, ya que lo significativo es el acceso y el uso. Un uso y acceso libre (no forzosamente gratuito) que garantiza la mejora constante del tema o del producto, si se mantiene en código abierto, y por tanto en proceso y oportunidad de mejora constante.

Desde este punto de vista la lógica P2P resulta contradictoria con la ficción individualista típica de la tradición liberal (el mito de Robinson Crusoe) en la que el individuo acaba destruyendo la experiencia comunitaria por sus deseos utilitaristas y maximizadores. De esa lógica han ido surgiendo y expandiéndose experiencias como “Creative Commons” (creativecommons.org), el Free/Libre and Open Source Software (FLOSS) que potencia los programas e iniciativas en código abierto como Linux, las movilizaciones de la gente de Free Culture contra el copyright y las entidades como SGAE en España que tratan de mantener viejos privilegios en los productos culturales, o las experiencias de “crowdfunding”.

En principio, las experiencias de “crowdfunding” surgieron como traslación al campo financiero de la lógica colaborativa y abierta antes mencionada. Era una forma fácil y ágil de usar las facilidades de conexión que ofrece Internet para así financiar colectivamente proyectos o iniciativas artísticas o culturales.

La expansión atrajo la atención del sector financiero convencional que pidió una regulación sobre el tema en la Unión Europea. En los Estados Unidos, con experiencias tan potentes como Kickstarter, esa regulación ya se ha producido. Algunas iniciativas en ese campo (goteo.org) han ido “politizando” su acción, comprometiéndose solo con proyectos que impliquen código abierto, retorno y posibilidad de colaboración no monetaria.

¿Qué son los bienes comunes?

Las investigaciones de Ostrom sobre los ecosistemas organizados en forma de bienes comunes, muestran de manera empírica la gran capacidad de resiliencia ambiental de esas formas de gestión, y la fuerte institucionalidad de que se han dotado.

Distingue “bienes comunes” del bien común. No estamos hablando de una cuestión moral, sino de sistemas concretos de gestión y de mantenimiento de recursos sociales y ambientales. No se trata de bienes “universales”, sino de bienes de los que puede excluir a quienes se considere que deban ser excluidos, y que por tanto se basan en un conjunto de personas, de implicados, que son “titulares” de esos bienes, y que, como hemos visto, establecen reglas de apropiación, límites en el uso, sanciones y exigencias de trabajo o de recursos por parte de los que tienen vinculación con los mismos.

Las experiencias que Ostrom y otros han sistematizado y analizado, demuestran la importancia de las estructuras o instituciones que puedan gestionar los bienes comunes, reforzar las interdependencias, y disuadir a los que quieran aprovecharse de los mismos de manera oportunista. El punto clave es la capacidad de los bienes comunes de reforzar las interdependencias, las ventajas del compartir, de sentirse implicado (lo cual no siempre ocurre con los bienes públicos o dependientes de los poderes públicos) y reducir las tentaciones a externalizar los costes (lo que, en cambio, caracteriza a los bienes privados). Cuanta más articulación y reforzamiento de las interdependencias, cuanta más conciencia de las ventajas del compartir, menos fuertes serán las tendencias a segregar, a externalizar costes.

¿Diferente criterio sobre la estructura de la propiedad. Cuál es la estructura de los bienes comunes?

La estructura de propiedad, tanto la estatal como la privada, acostumbra a partir de una visión individualista. En ese sentido, la propiedad es un atributo del propietario (individual o institucional), que concentra su poder en las personas u órganos pertinentes. La estructura en ambos casos es similar: la capacidad de decidir de alguien (una persona, una empresa, una institución gubernamental), sobre un bien o un objeto. Existe por tanto una separación entre ambas esferas, la del propietario y la del objeto.

En cambio, la tradición comunitaria, la tradición de los “bienes comunes”, no comparte esa visión segmentada, como bien se pone de manifiesto en la perspectiva adoptada en las nuevas reformas Constituciones de Bolivia o de Ecuador, incorporando las perspectivas y cosmovisiones de las comunidades originarias. En esa línea, podríamos imaginar no sólo el mantenimiento de esas tradiciones, absolutamente necesarias y actuales en la contemporaneidad, sino también el “vaciamiento” de las estructuras de propiedad privada o estatal, incorporando formas de gestionar y administrar el recurso o el bien de que se trate, desde la lógica de los “bienes comunes” a la que antes hacíamos referencia al referirnos a los principios desarrollados por Ostrom.

¿Los bienes comunes pueden ser vistos como una economía social? 

EJ: Som energía, can batllo, v de vivienda, fabricas tomadas. 

Lo que distingue a ese sistema de reciprocidad es que es indisociable de las relaciones entre personas, que se reconocen y que juntas gobiernan y gestionan la procura de sus necesidades. El reconocimiento genera la reciprocidad igualitaria, lo que a su vez puede generar espacios más institucionalizados y amplios de solidaridad democrática. La existencia de esos espacios de economía social y solidaria puede coexistir e hibridarse con otros espacios regidos por las lógicas de mercado o de la economía dirigida. Ej. ¿Trueque 2001, Argentina?

Si aceptamos que la economía social es una forma de emprender que integra valores como la primacía de las personas sobre el capital, cuya organización tiene una vocación de gestión participativa y democrática, que trata de conjugar los intereses de sus miembros con el interés general, que es autónoma de los poderes públicos y que dedica buena parte de sus excedentes a los intereses de sus participantes y del conjunto de la sociedad en que se integra, entenderemos que pretendamos relacionar su existencia con la perspectiva más arriba esbozada propia de los bienes comunes. 

Lo común, aparece como una alternativa viable desde las diferentes perspectivas (social, económica, cultural y ecológica), para asumir los nuevos retos, desde la corresponsabilidad social y la articulación medioambiental. La perspectiva de los bienes comunes abre la puerta a una concepción económica que combine producción, consumo y gobernanza en un sistema basado en las necesidades humanas. Y, al mismo tiempo, que no distinga entre producción y reproducción de los seres humanos.

¿Pueden dejarse aspectos vitales como los cuidados o los fundamentos materiales de la vida en manos de entidades cuyo fin es el lucro? 

¿Pueden asumir esas funciones entes institucionales embebidos de lógica jerárquica? 

¿Podemos ir más allá de la tríada mercado-estado-hogares y vincular en el debate a la economía social y solidaria con la autogestión, las redes comunitarias, y la tradición renovada de los bienes comunes?